Arde el mar

Está el mar que arde, pero esta vez no es, como sugiriera el poeta Gimferrer, porque alguien soñara con “los relatos de pulpos serpientes y ballenas / de oro enterrado y de filibusteros”. Desde luego, los pulpos, pero también las sardinas, merluzas, anchoas, gambas... son lo que hacen soñar a quienes hasta ayer se hicieron a la mar y a partir de hoy, intuimos, enarbolarán pancartas en las calles de Barbate, tal vez el único pueblo pesquero andaluz que quede. Pero el oro, no se confundan, llega desde Bruselas. Pulpos, sardinas, merluzas... hacen soñar a los pescadores de Barbate pero el oro llega desde Bruselas

La Unión Europea paga cada año 36 millones de euros a Marruecos para el acuerdo que permite a los barcos europeos ―españoles casi todos: 100 de 119 licencias― faenar en los caladeros de la costa atlántica norteafricana. Pagaba: el trato se ha finiquitado, y desde ayer, jueves, no deben quedar pesqueros en aguas marroquíes, advierte Rabat.

Aguas marroquíes: ahí está una de las tres polémicas que encienden los ánimos. La primera es, desde luego, el hecho de que el Parlamento Europeo (elegidos directamente por los ciudadanos) haya votado contra un acuerdo que llevaba años prorrogándose gracias a la Comisión Europea (compuesta por tecnócratas nombrados en sus cargos por los gobiernos nacionales).

Otra es el precio del acuerdo: la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha cifrado en 30 millones de euros los daños económicos que ocasionará la pérdida del derecho a pescar ante la costa magrebí.

Visto que Europa pagaba 36,1 millones, en realidad sale ahorrando dinero. Incluso más que seis millones, a tenor de lo que calcula el eurodiputado español Raül Romeva, en declaraciones al diario El País: los ingresos por el acuerdo pesquero no superaban el 65-80% del pago, dice. Medio Ambiente cifra en 30 millones los daños de la pérdida del derecho a pescar ante la costa magrebí

Pero todo eso es pescado menor, como dicen en mi tierra. Al menos para España. La verdadera polémica, aquí, es si se trata de aguas marroquíes o no. Legalmente, no: gran parte de los caladeros explotados por los barcos de Barbate (no todos) se sitúan a lo largo de la costa del Sáhara Occidental, territorio cuya soberanía queda por aclarar según el derecho internacional. En la práctica, el dominio de Marruecos sobre la región está firmemente establecido y no se prevé que poner fin al acuerdo vaya a debilitarlo.

El protocolo europeo de 2006 ya preveía una cláusula simbólica: debe demostrarse que la población saharaui se beneficie efectivamente del dinero invertido en la pesca. Algo imposible de verificar porque todos los saharauis residentes en Marruecos cuentan como ciudadanos marroquíes a todos los efectos. O más: muchos se beneficiaban durante años de un programa de ayudas al desempleo que únicamente se destina a la población étnicamente saharaui, no a los marroquíes que vienen a buscar trabajo en este territorio.

Es sabido que la pesca en la costa saharaui está totalmente en manos de los marroquíes llegados de ciudades como Agadir, Essaouira o Safi, a muchos centenares de kilómetros más al norte. Con toda lógica: son pescadores desde tiempos inmemorables, que se ven empujados a emigrar al sur porque la pesca de las flotas industriales europeas ha esquilmado sus propios caladeros. La población saharaui, dedicada tradicionalmente a la ganadería, no tiene apenas relación con el mar. Los marroquíes emigran al sur porque las flotas industriales europeas han esquilmado sus propios caladeros

Por supuesto, en el afán de resaltar la función del Frente Polisario, establecido en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia, como único representante legal del pueblo saharaui, no falta en España quien haya sugerido firmar los acuerdos de pesca con los funcionarios de este movimiento independentista, lo que los reduciría a un valor simbólico. La negativa de los refugiados de Tinduf a regresar a sus tierras ―opción que Marruecos ofrece insistentemente― excepto bajo una bandera nacional propia, excluye cualquier solución intermedia.

La resolución del Parlamento Europeo hará cantar victoria a los defensores españoles del Frente Polisario, aunque los pescadores de Barbate se sentirán derrotados. Una derrota similar a la de 2005, pero también a la de 1995, año en el que fue Marruecos quien suspendió el acuerdo por considerar que los caladeros estaban sobreexplotados, que la cantidad económica ofrecida por el permiso de faenar era insuficiente y que era necesario negociar la presencia de marineros marroquíes en los barcos españoles, así como la inversión en plantas de procesamiento marroquíes.

Tres exigencias básicas para un desarrollo sostenible que cualquiera habría aplaudido... excepto tratándose de Marruecos (fue el tema de la primera columna de opinión que firmé en un periódico ―el algecireño Europa Sur, gracias a que el Téllez me hiciera espacio en la contraportada― y concluí criticando que nadie hubiera preguntado su opinión al pescado).

En aquel entonces ardía el mar: la prensa española dio amplia voz a personajes que se limitaban a descalificar como “mentira” el que hiciera falta un paro biológico y que ponían el grito en el cielo por la pérdida de empleos andaluces, como si en Marruecos no existieran parados. Los pescadores de Barbate no sólo cortaron autovías y puertos en señal de protesta sino que también bloquearon la entrada de pescado marroquí a España: los moros no entran en el concepto de la solidaridad obrera.

Porque ―y ésto es el punto central de la cuestión, al menos en lo que a España se refiere― defender que los caladeros pertenecen a los refugiados coordinados por el Frente Polisario expresa y esconde una convicción más profunda: que no pueden pertenecer a Marruecos. Si Rabat se arroga el derecho a decidir sobre ellos, es porque los está robando a sus dueños verdaderos: los españoles. Sólo así se explica la movilización nacional en torno a un acuerdo económico que, en la psique nacional, no se concluye con un país vecino sino con los ocupantes de un territorio español. Si Rabat quiere decidir sobre los caladeros es porque los está robando a sus dueños verdaderos: los españoles

Esta mentalidad colonial subyace en las proclamas de muchos partidarios españoles del Frente Polisario (o “amigos del pueblos saharaui”) que, según confesión propia, no perdonan a Marruecos que “humillara España” con la Marcha Verde de 1975 (José Taboada dixit), sin recordar que los orígenes del movimiento actual de Tinduf se hallan en la guerrilla de marroquíes y saharauis que luchaban juntos contra el invasor español, hasta que fueran traicionados por Rabat y diezmados por España durante la Operación Teide en 1958. Pero la pretensión española sobre el esta parte del Atlántico se remonta mucho más atrás.

Cuando escribí mi columna en el Europa Sur aún ignoraban que los caladeros que enfurecían a los pescadores de Barbate ya habían caldeado los ánimos de embajadores y reyes 501 años antes.

“...se espera haber diferencia sobre lo que toca a la pesquería del mar que es desde el cabo de Bojador hasta el Río del Oro porque se dice que a sus altezas y a sus súbditos y naturales de los reinos de Castilla pertenece la dicha pesquería...”

La frase forma parte del Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, que dedica la mayor parte del texto no a repartir el Nuevo Mundo, sino precisamente la “pesquería” en los caladeros del Sáhara Occidental. Entonces, el adversario que pretendía quedarse con las merluzas era Portugal y el paro acordado ―“...fueron convenidos o concordados que de aquí adelante durante el tiempo de tres años no vayan a pescar navíos algunos de los reinos de Castilla del cabo de Bojador para abajo hasta el Rio del Oro”― no era biológico sino político. Durante los próximos 500 años, al pescado nadie le pidió la opinión. Sorprenda que un asunto que le cuesta a Europa 36 millones de euros no merezca un análisis medioambiental

Ahora, 16 años después de las protestas de Barbate que motivaron mi columna, el diario El País ha señalado que parte de los votos del Parlamento Europeo contrarios al acuerdo se debían no tanto a la cuestión de soberanía sino a convicciones ecologistas. Pero no hay cifras, informes ni opiniones sobre la situación de los caladeros, aunque sorprenda que un asunto que cada año le cuesta a Europa 36 millones de euros no haya merecido un análisis medioambiental. El pescado ya tiene voto, pero aún no tiene voz.

Para los ecologistas, el fin del acuerdo es una buena noticia. O debería serlo: cien barcos menos se harán notar. Hasta que sean reemplazados por los de otros países. Y lamentablemente eso es algo que podrá ocurrir muy pronto.

Siempre se habla de los grandes buques factoría rusos o japoneses que esquilman la costa norteafricana por acuerdo con el gobierno de Rabat (y demás países del continente: Marruecos es sólo un ejemplo más de decenas de naciones en la misma situación), pero pocas veces se dice que parte de estos navíos, los auténticos responsables de la destrucción de los caladeros, tienen armadores europeos.

Así lo asegura Jawad Rhalib que en 2008 estrenó su lírico documental Los condenados del mar: los malos de la película no son los pescadores artesanales de Barbate, que cumplen veda y tipo de artes. Los malos son, en este caso, los dueños de un pesquero sueco con redes de arrastre, de éstos que esquilman todo (aspiradores lo llama Rhalib).

El cineasta filmó un barco sueco, pero lo mismo podría haber elegido uno ruso, chino, japonés o español, afirma: todos se asocian con peces gordos del gobierno marroquí que disponen de licencias de pesca, las mismas licencias que no se otorgan por paro biológico a los pequeños pescadores tradicionales (duele en la memoria visual la imagen de los marineros escandinavos arrojando a las cajas toneladas de plateadas presas mientras que en el contraplano los marroquíes intentan sobrevivir con un puñado de pescado barato, sopesando la opción de hacerse a la mar a escondidas).

Si el voto del Parlamento Europeo pretende algo más que ser un brindis al sol que brilla sobre Tinduf, si Europa siente responsabilidad por el pescado, después de haber dinamitado los caladeros mediterráneos (en el sentido literal de la palabra en el caso de Grecia), la primera medida que debe tomar es impedir estrictamente que ningún barco que no cumpla las normas comunitarias de veda y artes pueda desembarcar una sola caja de pescado en un puerto europeo, lo haya pescado donde lo haya pescado. Y que los buques de otras naciones que usen redes de arrastre no puedan amarrar siquiera en un muelle comunitario. Para algo podría servir por fin la Unión Europea.

Sólo así se podrá garantizar que los pescadores ibéricos y norteafricanos puedan mantener su milenario oficio, y que tal vez, 500 años tras la primera pelea pesquera, andaluces y magrebíes faenen juntos ante la costa del Sáhara. Aquí no hay oro enterrado para soñar pero sí plata viva. Si se consigue impedir que se la lleven toda los filibusteros.

Leer más:
Jawad Rhalib: «Temo que mi filme sobre la pesca no se emitirá en España». Entrevista de Topper (2009)
Y aun dicen que el pescado es caro. Reseña del filme Condenados del mar. Topper (2009)
Encerrados en el mismo desierto. Reportaje de Topper (1998)
Fondo: Conflicto Sáhara