Publicidad
Publicidad
El lento cerco diplomático a Siria
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condena la represión en Siria, pero no toma medidas: ni se discuten sanciones económicas ni judiciales.A favor 33 votos, en contra cuatro, abstenciones 9. El resultado estaba cantado. Tras día y medio de debates en Ginebra, los 46 miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ―falta Libia― no dieron sorpresas. China, Rusia, Cuba y Ecuador, en contra. Los demás casi todos a favor.
La base debatida: un borrador propuesto por Polonia, que condena en duros términos las “graves violaciones de derechos humanos” del régimen de Bashar Asad y pide en términos rotundos el fin de la violencia, la apertura del país a los medios de comunicación y los organismos internacionales... pero no propone nada más. No hay referencia alguna a posibles sanciones.
La única medida práctica: la formación de una comisión de investigación que debe seguir aclarando qué ocurre en Siria y presentar los resultados “lo antes posible, en todo caso antes de terminar noviembre”.
Y eso que sobre la mesa de los miembros del Consejo ya había un extenso informe elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay. Unas 22 páginas con información minuciosa. Fuego graneado sobre manifestantes civiles, francotirados en los tejados, ejecuciones sumarias, torturas... La frase clave: estos delitos “pueden constituir crímenes contra la humanidad”. El informe detalla lo currido en Siria desde el 15 de marzo, basándose en testimonios de refugiados: Damasco no permitió a la misión de investigación acceder a Siria, pese a pretextar que combate una “sublevación armada”.
“El gobierno justifica la represión con la presencia de bandas armadas, y sería excelente que nos permitiera acceder al país para verificarlo”, reitera explica Rupert Colville, portavoz de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Porque por ahora no hay indicios. “Es posible que alguna gente se haya defendido; gente que llega a alcanzar un arma en medio del tumulto. 
Pero son detalles muy menores en el conjunto general; no es una revuelta armada. Tampoco sería algo sorprendente que alguien decidiera armarse para defenderse, no es algo que podamos excluir, pero no es un factor en esta situación”, remacha Colville.
El informe asegura tener 1.900 nombres de víctimas civiles y destaca el papel de los 'shabbiha', una milicia compuesta por bandas mafiosas y leal a la familia Asad y al régimen. Sus miembros acompañan a menudo a las unidades militares ―unos seis u ocho para cada grupo de cien soldados, detalla el texto en un testimonio referido a Homs― y se encargan de hacer el “trabajo sucio”. Además ejecutan a quienes no obedezcan las órdenes.
“Esto es uno de los resultados más alarmantes de la misión: tenemos testimonios que muestran que muchos soldados y agentes de seguridad se negaban a disparar a civiles desarmados y fueron ejecutados a tiros ellos mismos. Otros pudieron escapar; hemos entrevistado a unos cuantos. Sus testimonios son importantes para establecer si hubo efectivamente una orden sistemática de disparar a matar, lo cual es fundamental para decidir si hay o no hay crimen contra la humanidad”, concluye Colville.
50 nombres para La Haya
La misión ha anotado una lista ―aún confidencial― de 50 personas del régimen que podrían sentarse en el banquillo. Y recomienda que el Consejo de Derechos Humanos pida al Consejo de Seguridad que lleve a Siria al Tribunal Internacional de La Haya. “Siria no ha firmado el Tratado de Roma, pero aún así, el Consejo de Seguridad puede hacerlo, como hizo con Libia o en el caso de Darfur”, explica el portavoz de la Alta Comisionada.
Pero esta referencia no aparece en la resolución. Ni apenas en el debate celebrado en Ginebra. Dinamarca era de los pocos países que mencionaban La Haya, mientras que la mayoría se limitó a condenar el régimen de Asad, pero sin proponer medidas. Irán, en una intervención tal vez sorprendente, exigió “a todas las partes” poner fin a la violencia, “castigar a los responsables, incluyendo a las bandas armadas”, y se pronunció contra una intervención extranjera, pero pidió a Damasco “un proceso político inclusivo” y “pasos más concretos a favor de los derechos humanos”.
Mucho más tajantes fueron Cuba y Corea del Norte – ambos denunciaron el “pretexto de los derechos humanos para apropiarse de los recursos de Siria” – y sobre todo Venezuela, que habló de un “conflicto armado” y dio plena credibilidad a la versión siria de la “infiltración de bandas armadas extremistas” en Siria, algo que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, ya había rebatido en su discurso al inicio de la reunión. “Víctimas y testigos relatan que quienes sufren la represión, lejos de cometer actos de terrorismo, ejercen su legítimo derecho de reunión y expresión”, dijo, cifrando en 2.200 los muertos desde marzo.
El que Damasco había autorizado el acceso de una misión humanitaria de Naciones Unidas, presente en el país del 13 al 16 de agosto, fue valorada como paso positivo por algunos miembros del Consejo reunido en Ginebra. 
No todo el mundo está seguro: “Varias de las personas con las que hablaron los miembros de la misión fueron arrestados después”, asegura Hefiz Abdulrahman, activista sirio exiliado. Según Reuters, la misión visitó Homs el domingo, pero no se sabe si sus integrantes presenciaron cómo una marcha de 5.000 personas quiso darles la bienvenida pidiendo la caída del régimen... y sufrió de nuevo el fuego de policía y milicias 'shabbiha'. Murieron al menos tres personas.
Y es que la represión sigue, pese a que Bashar Asad ya había asegurado el día 18 a Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, que las operaciones militares contra las ciudades habían terminado. Durante el fin de semana siguiente se volvieron a contabilizar decenas de muertos.
Pero pese al apoyo de Rusia, China, Cuba o Irán, el régimen de Asad se ve cada vez más solo. El ministro de exteriores turco, Ahmet Davutoglu, viajó a Damasco el 9 de agosto para lanzar un ultimátum al gobierno de Asad: o Siria detiene la carnicería contra los manifestantes de la oposición, o Ankara apoyará todas las medidas internacionales contra el régimen sirio. “Nuestra paciencia se está agotando”, dijo el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Tres días después empezó a arder la frontera entre Turquía y Siria. Sólo en sentido literal: se declaró un incendio cerca del pueblo fronterizo de Güveççi, sin que se activara el habitual protocolo de actuación conjunta entre fuerzas turcas y sirias. Todo una señal de que ya no hay buena vecindad.
¿Llegará a haber fuego de morteros? El diario turco Hürriyet Daily News asegura que según fuentes anónimas del gobierno “Turquía no descarta una intervención internacional” si el régimen de Bashar Asad no pone fin a la represión, aunque se apresuró a añadir que “intervención” no significa necesariamente invasión militar. Eso sí, según el diario Zaman, cercano al Gobierno, Ankara ha llamado a filas a todos los oficiales retirados del Ejército en los últimos cinco años para enviarlos a destinos cercanos a la frontera siria.
¿Una medida psicológica? Según el analista Mensur Akgün, director del instituto turco GPOT, no da pie a especular con una escalada militar, porque “el Ejército turco no necesita a los oficiales retirados para defender la frontera”. Descarta una operación turca a corto plazo, aunque Ankara sí se adheriría a una intervención de la OTAN, si se llegase a producir, cree.
Veysel Ayhan, experto del centro de análisis ORSAM, tampoco cree que tropas turcas vayan a entrar en Siria: “Sería un paso muy arriesgado, nadie sabe lo que podría pasar, y el conflicto rápidamente se extendería a Iraq, Líbano, Israel, Irán...” Aboga por sanciones económicas y diplomáticas más severas, que a su juicio harían mella en el régimen de Asad, “débil y únicamente apoyado por Irán”. 
Por una parte, Ankara podría apoyar abiertamente los grupos de oposición sirios ―todos se han pronunciado tajantemente contra una intervención militar extranjera y niegan cualquier actividad armada― y por otra, restringir las relaciones comerciales con el país vecino.
Más movimiento hay entre los países árabes. A inicios de agosto, el rey saudí Abdulá llamó a consultas a su embajador en Damasco. “Lo que está ocurriendo en Siria no es aceptable para Arabia Saudí. Cualquiera en su sano juicio, árabe, musulmán o lo que sea, entiende que los sucesos de Siria no tienen nada que ver con la religión, o los valores, o la ética”, declaró el monarca en un comunicado.
La toma de posición saudí se produjo horas después de que la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo hicieran un llamamiento a las autoridades sirias para que detuvieran la violencia contra los civiles. También Bahréin y Kuwait decidieron retirar a sus respectivos embajadores, mientras que el ministro de exteriores jordano, Nasser Judeh, pidió al presidente Assad que cumpla con las reformas prometidas.
El régimen sirio se enfrenta además a la crítica religiosa. La mezquita de Al Azhar en El Cairo, considerada la autoridad religiosa más importante del islam suní, calificó la situación en Siria de “tragedia árabe e islámica” a la que “hay que poner fin”, y pidió al régimen sirio que “respondan favorablemente a las reivindicaciones legítimas del pueblo sirio”.
La guinda la puso Barack Obama el 19 de agosto, al pedir públicamente la dimisión de Bashar Asad. Una semana antes, la ministra de Exteriores estadounidense, Hillary Clinton, ya había pedido que se dejase de comprar petróleo y gas a Siria. Según un informe reciente de Reuters, Siria exporta la modesta cantidad de 155.000 barriles diarios de crudo, pero éstos llegan a cubrir hasta un 30% de los ingresos públicos.
Eso sí, las principales compañías compradoras no son iraníes... sino la angloholandesa Shell y la francesa Total y los países compradores son Holanda, Francia, Italia y España. Hasta ahora, ningún dirigente europeo ha propuesto romper estos tratos.