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La revolución de las escobas
En Georgia se queman escobas como forma de protesta: éstas se han convertido en símbolo de las salvajes torturas en las prisiones, reveladas por unos vídeos que ya han causado la renuncia de dos ministros, una semana antes de las elecciones. “Nos pegaban con palos, con mangueras… nos daban patadas. Tengo las costillas destrozadas. Les decía que estaba enfermo, que me sentía mal, les suplicaba que no me pegaran pero me apaleaban salvajemente. Las heridas tardaban meses en cicatrizar. Tratan a la gente como animales”.
Así describe a M'Sur su experiencia un georgiano que pasó hace no tanto por la cárcel. No quiere dar su nombre: aún tiene miedo que le alcance la represión. Pero su experiencia no es algo aislado. Lo demuestran los videos que hace unos días emitían dos cadenas de televisión locales: en uno podía verse a un grupo de empleados de una cárcel pateando a un recluso; en otro, a un preso siendo violado con el palo de una escoba.
Precisamente la escoba se ha convertido en el símbolo de las protestas populares que siguieron a la revelación. Se queman en las calles durante concentraciones de miles de personas. Algunas lloran sobre fotos de sus parientes muertos en la cárcel. De lo que el escándalo desatado por esas imágenes habla es de un agujero negro en el sistema que ha permitido que semejantes atrocidades tengan lugar. Y de una falta de responsabilidad del gobierno para con las instituciones y organizaciones de defensa de los derechos de los ciudadanos. Porque el tema estaba en la calle. Y en internet.Y había sido denunciado en el Parlamento en diversas ocasiones por Giorgi Tugushi, defensor del pueblo de Georgia hasta hace unos días.
Tugushi es ahora es el nuevo ministro de Prisiones. 
Uno de los golpes de efecto del presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili. En los días siguientes a la emisión de los videos, las renuncias y nombramientos no han cesado. La primera cabeza ministerial en rodar fue la de Khatuna Kalmakhelidze, ministra de Prisiones. La segunda, la del ministro del Interior, Bacho Akhalaia, se resistió un poco más. Cientos de estudiantes exigían en las calles su dimisión, que llegó apenas 48 horas después de desatarse el escándalo. El nombramiento de Akhalaia en este cargo hace dos meses y medio había sido cuanto menos controvertido por su papel en brutales represalias dentro del sistema penitenciario.
“A veces me pegaban y yo les decía: “No estoy solo”. Ellos me preguntaban: “¿Acaso Saakashvili es pariente tuyo? Respondía que no. “¿Y Akhalaia? ¿Es Akhalaia pariente tuyo?” “Tampoco”. “Pues ni el alcaide ni yo somos familia tuya, así es que podemos hacer contigo lo que queramos. Podemos violarte, apalearte o encerrarte en una celda de castigo””.
Quizás la rápida reacción de Saakashvili se explique por la cercanía de las elecciones, fijadas para el próximo lunes 1 de octubre. La emisión de los vídeos ha supuesto un importante revés para el presidente. Un revés particularmente importante si se tiene en cuenta que una reciente encuesta sobre intención de voto estimaba en alrededor de un 40% la proporción de votantes incluidos en el apartado “no sabe/no contesta”. Estas son las elecciones más disputadas de la historia de Georgia, y sin duda estas perturbadoras imágenes estarán en la mente de muchos de aquellos que acudan a las urnas. De hecho, en un primer momento, el Ministerio del Interior afirmó que el video había sido grabado como parte de una estratagema de la oposición.
No sorprenden, pues, las palabras tajantes de Saakashvili: “Lo que ha pasado en la cárcel de Gldani es un acto contra los derechos humanos. Todas las personas que han organizado, perpetrado y permitido estos actos merecen un castigo muy duro”. El nombramiento de Tugushi podría ser el principio de una nueva era para las cárceles georgianas. Aunque, por supuesto, todo dependerá de la voluntad política para terminar con la impunidad.
Tugushi dejó claro en entrevista con M'Sur que lo que muestran los videos no es una práctica aislada: “Estamos hablando de la gravedad de un problema que se da en numerosas instituciones y que respecta a la actitud de los guardas y a la gestión de las instituciones, y al trato que los presos reciben”.
Georgia es uno de los países con mayor proporción de población encarcelada (514 de cada 100.000, en España son 150). Rara es la persona que no tiene o no haya tenido un amigo o familiar en prisión. Esta elevada cifra es uno de los resultados de la política de “tolerancia cero” al crimen del gobierno de Mikhail Saakashvili. Tras subir al poder a finales de 2003, el nuevo presidente se empleó en erradicar los altos índices de criminalidad en el país. Y lo consiguió.
Pero el precio a pagar fue el del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios georgianos. Lo constata Tugushi: “El aumento en el número de presos ha generado de alguna manera y en diversos sentidos los problemas con los derechos de los prisioneros, empezando por el trato que se les da y las condiciones en que viven, y terminando por la asistencia médica”.
El problema, según Tugushi, no es que el fiscal general no abra una investigación cada vez que se denuncia un caso de violencia en la cárcel. “Lo que pasa es que en la mayoría de los casos esas investigaciones no llevan a ninguna parte, lo que conlleva que los culpables no sean castigados. Se trata de procesos que no se adecuan a lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
En 2011 sólo dos personas fueron sentenciadas en lo criminal por malos tratos a reclusos. El informe del Defensor del Pueblo de 2011 contiene numerosos casos de violencia por parte de los empleados de prisiones para con los presos. De hecho, el informe menciona que 40 cuerpos de los 140 fallecidos ese año presentaban signos de lesiones externas. Tugushi señala que estas lesiones no fueron investigadas porque no eran la causa directa de la muerte, pero que debían, cuanto menos, haber disparado las alarmas de lo que estaba sucediendo.
“No les daban miedo ni los periodistas ni el defensor del pueblo. Todo les importaba un cuerno. Después de apalearnos nos quitaban los teléfonos. Cuando las heridas habían cicatrizado nos los devolvían. Lo hacían así para que no pudiéramos contactar con el defensor del pueblo”.
Para Tugushi, la clave para que hechos como éste no vuelvan a suceder está clara: “Tiene que haber voluntad, sobre todo en lo que se refiere a la voluntad del fiscal para llevar a los culpables ante la justicia. 
Debo decir que la impunidad es un problema fundamental en lo que se refiere a los malos tratos en las cárceles georgianas”.
Otro de los factores que ha influido en que las torturas en las cárceles del país hayan podido darse impunemente es la desaparición en 2008 de una serie de pequeñas entidades de supervisión que actuaban de forma independiente y que tenían acceso ilimitado a los recintos penitenciarios. Estas entidades estaban compuestas por representantes de ONGs georgianas y expertos en el tema.
Según Tsira Chanturia, responsable para el Cáucaso Sur de la ONG Penal Reform International, “hay una relación directa entre el desmantelamiento de estos mecanismos de control externo y la situación de los derechos humanos de los presos”. En lugar de estas entidades quedó establecido un mecanismo preventivo de alcance mucho más limitado. El acceso de las ONGs y expertos independientes fue vetado. Por su parte, las visitas de los representantes del defensor del pueblo se dan de forma programada.
“Lo que la gente está reclamando ahora deberían haberlo reclamado hace tiempo, cuando los motines tuvieron lugar. Murieron muchos inocentes. Estaban borrachos y mataban para divertirse”.
En 2006 presos de las cárceles de todo el país llevaron a cabo diversos tipos de protesta. La más sonada fue la de la decrépita prisión de Ortachala. Las fuerzas de seguridad sofocaron el amotinamiento, que se cobró la vida de siete reclusos.Bacho Akhalaia, responsable por aquel entonces del Departamento de Prisiones, fue objeto de fuertes críticas por la dureza empleada en la resolución del conflicto. Fue entonces cuando nacieron esas entidades con el fin de mediar entre reclusos y los empleados de las prisiones.
Tanto Tugushi como Chanturia coinciden en que buena parte de los casos de malos tratos proceden de varias instituciones en concreto, Gldani 8 y Kutaisi 2 principalmente. Tugushi detalla que “en algunas cárceles los reclusos pasan un mínimo de 23 horas encerrados en sus celdas. Las reglas son muy estrictas y para mantener la disciplina los guardas recurren a veces a los malos tratos y a restricciones que no están contempladas dentro del marco legal”.
Gldani 8, por ejemplo, es conocida por el silencio sepulcral que reina en sus corredores. El infierno silencioso. 
Los presos no pueden escuchar la radio ni jugar a nada que implique tirar dados. Ni siquiera llamar al celador en caso de emergencia.Chanturia afirma que qué cárceles albergan mayor número de casos de malos tratos depende en parte de quien es su alcaide. El nombramiento de estos está en manos del responsable de la Administración Central de Prisiones, con consentimiento del Ministerio. ¿Supondría un cambio en la forma de nombrar alcaides una mejora en las condiciones de vida de los presos? “Quizás” – afirma Chanturia – “pero lo más importante es la voluntad política para terminar con la impunidad”.
“Una vez vi como mataban a palos a un preso delante de su hermano. ¿Qué puede ser peor que ver a alguien que amas morir así? Es muy duro vivir con algo así, tengo que tomar pastillas para tranquilizarme”.
Gavin Slade, criminólogo especializado en la reforma penal georgiana, afirma que hay que tener en cuenta el contexto en el que estos episodios de violencia empezaron. Paralelamente al incremento exponencial de presos en las cárceles georgianas, tenía lugar la erradicación de las jerarquías de “ladrones en la ley”, es decir mafias que dominaban el interior de las cárceles y regulaban la vida de los presos. Según Slade “los mecanismos sociales para controlar la violencia, representados por los “ladrones en la ley” fueron destruidos, creando un vacío de poder sin ningún plan alternativo para remplazarlos”.
Los casos de tortura emitidos hace unos días han destapado la precaria situación en la que viven cerca de 25.000 reclusos en Georgia. El defensor del pueblo ha repetido en numerosas ocasiones la necesidad de controlar la propagación de la tuberculosis y la hepatitis, “un reto clave a la hora de mejorar las condiciones de vida de los presos en Georgia”. La pregunta es si, como decía Dostoievski, el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse entrando en sus prisiones, ¿qué dicen de la sociedad georgiana estos videos? La reacción popular ha sido de repulsa, asco e indignación. Pero no de sorpresa.